Como tema principal estuvo presente, todo lo vinculado a los acuerdos salariales.

El secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, explicó que “la FUS comenzó a negociar el convenio colectivo en el mes de julio recordando que los trabajadores de la salud, tanto públicos como privados, somos los que estamos en la primera línea del combate al COVID 19. 

Hasta la fecha el gobierno no nos ha presentado una propuesta concreta, queremos una propuesta diferente a la que se ha venido manejando en las otras ramas de las actividades porque en esos casos, siempre se ha hablado de la pérdida del salario real y envíos a seguro de paro. El Uruguay hoy tiene un 13% de desocupación y una perspectiva de que esto aumente.

Peleamos por un convenio que nos permita sostener los puestos de trabajo porque tenemos una realidad muy fuerte que indica que el 95% de los afiliados a una institución, tanto en Montevideo como en el interior, es a través del Fondo Nacional de Salud. La caída del empleo en Uruguay hace que esos afiliados se pierdan. En ASSE hoy se atienden 74 mil uruguayos, muchos de ellos eran afiliados cuando estaban en el sector privado y entendemos que si no se sostiene la afiliación con las diferentes propuestas que hemos hecho en un período por lo menos de un año para ver si las economías, como dice este gobierno mejoran, no se perderían más afiliados y en un convenio a dos años, al final del segundo se podría establecer una cláusula correctiva donde se ubicarán los cambios en la inflación.

También hemos hablado de mejorar nuestras condiciones laborales y lo que buscamos básicamente es mantener los empleos y los salarios reales. Pero lo que sucede es que el gobierno ha planteado pérdida salarial en todas las actividades y eso es lo que se cuestiona”.

Consultado sobre cómo se solucionan los temas económicos de las instituciones privadas cuando hay cooperativistas que cobran sueldos muy altos, Bermúdez respondió que “con todos los gobiernos, ya sea Colorado, del Frente Amplio o con el actual, se siguen viendo empresarios de la salud donde algunos gerentes ganan más de un millón de pesos por mes, hay médicos cooperativistas que entraron a la Facultad a estudiar Medicina y se recibieron de estancieros. Eso, este gobierno también lo sabe, lo hemos discutido y les hemos dicho que ahí hay tela para cortar. 

Lo que nosotros decimos respecto al tema del salario es que en un convenio de dos años, en el primero se privilegie al empleo donde debe haber un decisión política del Poder Ejecutivo para sostener a las instituciones, porque si se cae el sistema privado, cae el combate a la pandemia, porque sólo el sector público no lo va a poder sostener. Por lo tanto, es una necesidad nacional ya que la pandemia no se ha extinguido y tenemos serios riesgos de que si se abren las fronteras, con el turismo surjan rebrotes que nos marquen cifras mayores a las actuales. Con esto no quiero crear miedo, sino que es algo que está pasando en Europa. En ese primer año estamos dispuestos a soportar una pérdida del salario real a cambio de sostener los puestos de trabajo. En el segundo año de convenio el gobierno debería hacer el esfuerzo para que no haya pérdida salarial y se buscará un mantenimiento aplicándose los correctivos que sean necesarios, para que ello no suceda. Realmente demostramos que no estamos pidiendo nada extraño, lo que sucede es que a este gobierno no le gusta porque llegó con sus alforjas con recetas como la de la caída del salario real de los trabajadores del Uruguay en todas las ramas”.

Finalmente, Bermúdez indicó que el gobierno tiene plazo hasta el venidero jueves para dar una respuesta a los planteos realizados. De no llegar a un acuerdo para el Consejo de Salarios, se plantearán movilizaciones a nivel nacional que se darán a conocer oportunamente.